El pasado mes de abril la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicaba su «Thematic Review of Tertiary Education» bajo el título «Educación Terciaria para la Sociedad del Conocimiento«. Al contrario que otros estudios de esta organización, como el infame Informe PISA (disculpad la aliteración), este documento ha levantado muy poca polvareda en los medios y sin embargo, intuimos, tendrá una gran influencia en las políticas educativas internacionales. Es por este motivo que nos hemos lanzado, con gran atrevimiento, a escribir un pequeño comentario sobre el resumen del documento original publicado por la propia OCDE (no hemos tenido tiempo ni agallas para leernos el informe completo :P).
Sin embargo, leyendo esta versión reducida podemos hacernos una idea bastante clara de los objetivos del informe. La OCDE propone, en base a un estudio preliminar realizado principalmente en China, Corea, Croacia, España, Estonia, Finlandia, Holanda, Islandia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y República Checa una serie de directrices que los gobiernos estatales deberían seguir a la hora de aplicar determinadas reformas, encaminadas a adaptar los sistemas educativos terciarios a la actual sociedad del conocimiento. Como es lógico pensar, la OCDE pone todo el énfasis en el papel que la educación terciaria juega en el escenario global de la economía del conocimiento, y en este sentido propone dos vías de actuación principales:
En primer lugar, la conexión directa de la educación terciaria con el sistema productivo, sobre todo en lo que a investigación y desarrollo se refiere, llegando a sugerir la inclusión de representantes empresariales en los órganos de planificación de las instituciones educativas, y en especial a la hora de diseñar los currículos.
Y en segundo lugar, la internacionalización del sistema educativo terciario, haciendo especial hincapié de nuevo en el I+D, y señalando el papel preponderante de las empresas multinacionales en este apartado. Dicha internacionalización debería ir acompañada de la movilidad tanto de docentes como de estudiantes.
Sin tener más datos que los que aporta el propio informe, deducimos que las reformas a las que alude van encaminadas a una cierta liberalización del sector. En este proceso el estado no deja de jugar un importante papel; como al respecto de otros sectores económicos, se espera de los estados nacionales que, por así decirlo, «modulen» y «lubrifiquen» el proceso de pseudo-liberalización mediante la aplicación de determinadas políticas.
Un indicador bastante llamativo de esta propuesta encubierta de mercantilización de la educación superior que creemos encontrar en el informe de la OCDE, lo hallamos ya en el título del propio documento. Se hace ahí mención a la «Educación Terciaria» y sus «instituciones» en lugar de a la ‘Educación Superior’ y a la ‘Institución’ que hasta ahora la ha gestionado: la Universidad. Con «Instituciones de Educación Terciaria» la OCDE se refiere (y lo hace de manera explícita) a un tipo de instituciones que se han creado «para desarrollar una relación más próxima entre la educación terciaria y el mundo exterior, incluyendo una mayor sensibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades del mercado laboral«. En esta tipología la OCDE incluye «instituciones tales como politécnicos, colegios universitarios o institutos tecnológicos.
Una de las líneas de actuación que según la OCDE podrían seguir los estados es el fomento de la competitividad entre las instituciones, y llega a proponer que los gobiernos incentiven económicamente a aquellas instituciones con mejores resultados. Aunque esta medida tan drástica se deja caer como de pasada, el informe dedica un extenso apartado al control de la calidad, tanto intra-institucional como externa mediante auditorías. Así pues resulta fácil ver que el control y la inspección burocrática por parte del Estado son sustituidos por la competencia entre las propias instituciones de educación terciaria como forma de asegurar y mejorar la calidad de la educación, un mecanismo en el que la libre elección de los estudiantes también juega un papel decisivo.
En este escenario de pseudo-mercantilización de la educación superior, o terciaria, encaja a la perfección la decidida apuesta de la OCDE por un sistema educativo terciario co-financiado por el Estado y los propios estudiantes. Una de las principales razones que la OCDE esgrime en defensa de la co-financiación es que dicho sistema permite redistribuir la riqueza individual que los estudiantes obtendrían gracias a un título financiado en parte con dinero público. Cierto es que el informe ofrece medidas para corregir las desigualdades que, a buen seguro, este sistema acentúa y también produce, sin embargo empiezan a ser bastante conocidas las desastrosas consecuencias que la deuda estudiantil está teniendo en países como el Reino Unido (un fenómeno del que hablábamos aquí mismo).
Viendo los planteamientos y el desarrollo del Proceso de Bolonia se ve claramente cómo las políticas para la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior se alinean perfectamente con las propuestas de la OCDE y conducen a la completa integración en el mercado del sistema educativo. Hasta el momento las voces críticas contra este proceso han centrado su discurso en la defensa de la universidad pública. Esta defensa es a todas luces necesaria y perentoria; está claro que la educación superior debería revertir efectivamente en beneficio de todos (y que no nos venga nadie a decir que el beneficio del sector empresarial traspasa, por «degoteo», al conjunto de la sociedad y ese tipo de sofismas), sin embargo nos parece necesario ejercer una crítica radical y pensar qué diferencia sustancial existe entre un sistema educativo controlado por el Mercado y uno controlado por el Estado, y si cabe pensar en formas de organización autónomas y colectivas de construcción de conocimiento, que es de lo que deberíamos hablar, en definitiva, cuando hablamos de la educación.