El pasado mes de mayo un colegio de Leganés (Madrid) saltaba a la palestra mediática al no presentarse sus alumnos al examen obligatorio convocado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (llamado oficialmente Prueba de Destrezas y Conocimientos Indispensables) con el objeto de «conocer el nivel de los escolares madrileños antes de empezar la secundaria». De hecho, según Amaia Urriz, directora del centro, los profesores no rechazaron la prueba, sino que fueron padres y madres quienes decidieron que ese día ningún alumno de sexto acudiese a clase.
Este hecho no pasaría de la anécdota si el Colegio Trabenco (TRAbajadores EN COmunidad) no fuese un centro escolar con un proyecto de centro verdaderamente inusual en el panorama educativo reglado en España. Merece la pena que curioseéis la web del colegio, pero como muestra de su orientación pedagógica os pegamos un fragmento de su presentación: «el colegio es una comunidad, donde los protagonistas, alumn@s, profesor@s y familias, participan de forma activa. El objetivo del colegio se orienta a conseguir una formación integral de los escolares, un constante desarrollo profesional de los maestros, y una elevación cultural y humana del barrio en el que se establece el Centro». También podéis leer rápidamente este artículo aparecido ayer en la edición madrileña de El País.
Lo que más nos ha llamado la atención de este asunto, dejando a un lado las afinidades pedagógicas, políticas y alguna estética (¡ese estribillo de ‘The Wall’!) con el centro, es que demuestra cómo es posible disidir de los dispositivos burocráticos -y de determinadas dinámicas sociales y políticas- que son asumidos con mayor o menor coalescencia como dados de antemano, provocando así su naturalización ¿Qué mejor prueba de esto que el ‘examen’?.
Dado que realizamos buena parte de nuestros proyectos en colaboración con centros escolares, solemos llegar durante los procesos de trabajo a un punto en el que determinados agentes esgrimen contra alguna de nuestras propuestas, como un escudo, una u otra normativa respecto a los horarios, los usos del espacio, el currículum, los planes de estudio… que bajo la forma de decisiones y requisitos ‘técnicos’ esconden concepciones políticas concretas sobre la educación. En ese momento se inicia un arduo proceso de negociación que, dependiendo del grado en que los distintos agentes, incluidos los propios estudiantes, encarnen o resistan dichas concepciones, llegará a mejor o peor fin. Un proceso antagónico que hemos vivido intensamente las últimas semanas en el IES Joanot Martorell, donde iniciamos a principios de año projecte3* y que algún día explicaremos con todo detenimiento.