Asamblea de productores en la Cooperativa Isla Esperanza
Inauguramos un espacio de consulta/exposición sobre el proyecto Oficina Itinerante. Red Delta del Paraná del colectivo argentino Ala Plástica el próximo jueves 17 de diciembre a las 19h en el espacio físico de LaFundició.
Este es el primero de una serie de espacios de difusión de trabajos desarrollados por distintos agentes —en esta ocasión un colectivo de artistas en colaboración con los habitantes del Delta del Paraná (provincia de Buenos Aires, Argentina), organizaciones sociales, científicos y trabajadores públicos—. Se trata de procesos y contextos que de algún modo podemos vincular con el contexto próximo al espacio físico de LaFundició y a procesos que se dan en este territorio; así pues, las muestras tienen el objetivo de contribuir a los debates y a la construcción colectiva de conocimiento situándolos en su entorno.
En esta ocasión, las estrategias impulsadas por el colectivo Ala Plástica en colaboración con toda una red de agentes diversos en defensa de los ecosistemas y los habitantes del Delta del Paraná, pueden propiciar el debate en torno a la relación de Barcelona y su área metropolitana con el ecosistema del Llobregat y sobre las estrategias colectivas para su defensa.
La desembocadura del Llobregat está surcada por numerosas infraestructuras que abastecen de servicios a la ciudad de Barcelona, construidas sobre uno de los suelos agrarios más fértiles de Catalunya y punto estratégico en la ruta de las aves por el Mediterráneo occidental. El Baix Llobregat es un territorio sometido constantemente a la presión inmobiliaria y especulativa sobre una tierra que produce el 15% de los alimentos que se consumen en la ciudad de Barcelona: recalificaciones, modificaciones territoriales y constantes planes de desarrollo como el outlet de Viladecans, el golf de AENA, Eurovegas o el PDU Gran Via-Llobregat que amenaza la última zona agrícola de L’Hospitalet conocida como Cal Trabal.
¿Quién diseña los territorios?¿Para quién los diseña? Avance Inmobiliario – El Caso Colony Park
El desarrollo de planes inmobiliarios y los acelerados y voraces ritmos de la política, en muchas ocasiones, terminan avasallando la cultura y la raigambre regional en función de establecer determinados proyectos hacia los que de manera inconsulta debe dirigirse la población.
En la zona de islas en la 1ª Sección del Bajo Delta Argentino, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, estaban radicadas varias familias dedicadas a actividades extractivas, como la recolección de junco y formio, la pesca y caza; y productivas, como forestación de sauce y álamo y cultivo de mimbre, en pequeñas porciones de sus predios (fincas), junto a la cría de animales de granja para consumo doméstico a tan solo mil metros de los barrios náuticos más exclusivos de la zona Norte del conurbano bonaerense. A diferencia del régimen usual de propiedad de la tierra, los pobladores no poseían los títulos de las tierras en que han vivido y trabajado durante años.
A mediados de 2008, la empresa constructora Colony Park S.A. inicia sus obras de infraestructura en estas islas, (en una finca de alrededor de 300 hectáreas), con el fin de acondicionar las tierras para el posterior emplazamiento de una mega-promoción inmobiliaria de urbanización cerrada destinado a sectores de alto poder adquisitivo. Se trataba de un proyecto presentado por la empresa como «el primer desarrollo de vivienda permanente en una verdadera isla del Delta Argentino».
Las obras consistieron en la elevación de las tierras, el desvío, dragado y ensanchamiento del curso original de arroyos, produciendo modificaciones en los ecosistemas de humedal con sus consecuentes impactos a la biodiversidad y la expulsión de las familias isleñas, asentadas allí desde varias décadas atrás, invadiendo sus predios y derribando sus viviendas y demás instalaciones y trastocando, además del paisaje, la disponibilidad de los recursos en que basaban su economía familiar.
Ninguna de las personas despojadas de sus hogares contaba entonces con título de propiedad, sin embargo, eran poseedores para la ley argentina porque llevaron a cabo la posesión por más de 20 años del lugar en forma pública, pacífica e ininterrumpida.
No así Colony Park, que pagó 25 mil dólares por 360 hectáreas de la isla a la compañía Better S.A., en septiembre de 1999. Rápidamente los valores de cada lote del barrio privado, de media hectárea, era ofrecido por la empresa a 200 mil dólares.
En el transcurso de estos acontecimientos, las familias, denunciaron penalmente ante la justicia la usurpación de tierras fiscales y aguas, daño ambiental colectivo y crimen de lesa humanidad y logran permanecer en una pequeña porción de sus predios originales. Sin embargo, al considerar que estas acciones no eran suficientes, y que continuar con sus trabajos isleños es lo que les posibilitaría permanecer en las islas, llevaron adelante un proceso de conformación de una cooperativa de junqueros a la que denominaron Isla Esperanza e instalaron un taller para la fabricación de artículos con juncos y otros materiales (cortinas, cestería, etc.). Resistiendo con una forma de trabajo propia del lugar.
La situación que se presentó, podría describirse de la siguiente manera:
El 29 de agosto de 2009 la justicia dictó una medida cautelar en la que ordenaba paralizar las obras hasta tanto el proyecto no contara con el certificado de aptitud ambiental que debería expedir otorgando la misma o denegándola el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS). Ese fallo fue ratificado por la Justicia dos meses después. Sin embargo, las obras continuaron y los problemas, también.
La Oficina Itinerante se instala en esa coyuntura y desarrolla junto a otros productores de cultura y cultivo distintas estrategias de activación, organizando encuentros de planificación territorial desde la base, celebrando eventos culturales, asambleas, campañas mediáticas y asesoramiento para tratar de encontrar la mejor forma de abordar el conflicto propiciando la emergencia de nuevas prácticas simbólicas, ambientales y organizativas.
En este marco el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible convoca a una audiencia pública para debatir el tema y decidir sobre la situación. Isleños, destacados científicos, organizaciones sociales y funcionarios manifestaron en forma unánime su rechazo y repudio a la mega-promoción inmobiliaria Colony Park
Finalmente el Organismo, denegó la Declaración de Impacto Ambiental solicitada por la firma Colony Park S.A. e intimó a la firma a presentar un plan de acciones a ejecutar tendientes a la recomposición del ambiente y los recursos naturales del predio afectado al emprendimiento, el cual se encuentra actualmente clausurado.